Columna de Opinión: Instituciones públicas y lavado de activos

Patricio Bascuñán Acevedo
Académico Magister Control y Gestión de Riesgo Corporativo UCEN

 

Después de ser referente y modelo en la Región como un país confiable y creíble, qué común se está haciendo en Chile que sus instituciones públicas se vean involucradas en actos relacionados con corrupción y malversación de caudales públicos, delitos bases de lavado de activos.

En simple, el lavado de activos consiste en ocultar o disimular dineros obtenidos en forma ilícita producto de un delito base. Los más comunes son, precisamente, la corrupción y la malversación de caudales públicos. Ejemplo clásico de corrupción es la empresa que participa en una licitación y paga dinero a terceros para adjudicársela; en tanto, en el segundo caso, las personas encargadas del uso de recursos fiscales, de cualquier clase, los utilizan para un fin distinto al que fueron asignados. En ambas situaciones, quienes reciben o usan estos dineros buscarán disponer y gozar de ellos.

Las maniobras para ese fin pueden ser variadas: el ‘testaferrato’ (inscribir bienes a nombres de terceros); ‘pitufeo’ (fraccionar transacciones para evitar controles); creación de sociedades de ‘fachada’, ‘pantalla’, y ‘papel’.

Para prevenir y detectar este tipo de ilícitos al interior de las instituciones públicas, existen normativas y buenas prácticas que se pueden implementar. En el ámbito normativo y en virtud de la modificación de la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF), desde el año 2015 todas las instituciones públicas, ministerios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y servicios públicos, deben implementar un “Manual del Sistema Prevención de Delitos de Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo”, por lo tanto, todo el sector público está obligado a ser parte del Sistema Nacional Antilavado Chileno y debe reportar ante la UAF operaciones sospechosas detectadas en el ejercicio de sus funciones o en su efecto, denunciarlas al Ministerio Público.

En lo relativo a las buenas prácticas, existe la implementación de controles internos independientes; capacitación y sociabilización del Manual a los integrantes de las instituciones; y un canal de denuncia que permite a la institución detectar tempranamente situaciones contrarias a las normas y la ética. Seguramente, todas las instituciones cumplen con las normas de implementar el Manual, pero al parecer estas se encuentran solo en el papel.

Con todo, los recurrentes hechos ocurridos en Chile han demostrado lo vulnerable de nuestras instituciones públicas a los ilícitos, por lo tanto, la clave es ser preventivos y no reactivos, y eso se logra con un “Manual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos…” bien implementado, robusto y eficaz, acompañado de buenas prácticas.