La auditoría del organismo fiscalizador acreditó que de la cifra aludida, aún faltan más de $45 mil millones por recuperar, ya que la Plataforma de Pago Centralizado, implementada por la administración Piñera, sencillamente falló. Acto seguido ordenó realizar un sumario en la Dipres. La lista de anomalías es larga. Por ejemplo, algunas instituciones ni siquiera consideraron pagos en la contabilidad; hubo demoras de casi un año, hasta cinco, para cancelar bienes y servicios de proveedores, aún cuando la ley ordena que no supere los 30 días. No es todo, porque un monto superior a los $13.891 millones se pagó a un beneficiario distinto al proveedor. Todo un récord con fondos públicos que pudieron ser usados para otros fines. El informe íntegro lo revela CHV Noticias.
La Contraloría General de la República estableció que la Dirección de Presupuestos (Dipres) -dependiente de Hacienda- pagó dos veces a cientos de proveedores del Estado por una suma que supera los 96 mil millones de pesos.
De acuerdo al informe de auditoría -que publica íntegramente CHV Noticias– se ha logrado recuperar $51 mil millones, debido a que la Plataforma de Pago Centralizado (PPC) falló y una serie de instituciones pasaron por alto la iniciativa implementada en el último gobierno de Sebastián Piñera. Básicamente, la PPC buscaba que el dinero para cancelar servicios saliera directamente desde la Tesorería General de la República (TGR) para evitar que los distintos órganos tuvieran contacto con los recursos. Su principal alcance era luchar contra la corrupción.
El documento menciona que si bien algunos organismos lograron devolver a la Tesorería poco más de $3 mil millones, falta que vuelvan a las arcas fiscales otros $45 mil millones. Por lo anterior, la CGR ordenó que la Dipres realice un sumario administrativo para establecer las responsabilidades funcionarias.
El desorden, apunta el informe, llegó al extremo de que algunos pagos ni siquiera fueron considerados en la contabilidad, debido a la falta de información clara entregada por la Dipres a los órganos estatales.
“(…) se advirtió que 166 entidades públicas exponían que la DIPRES no habría realizado de manera concreta y efectiva las coordinaciones (…) con las entidades incorporadas en este proceso de pago centralizado y sobre qué rubros (…) se efectuarían tales operaciones”, sigue la revisión.
De hecho, “las respuestas a sus consultas eran deficientes y tardías; y que en algunas ocasiones no eran concordantes con lo efectivamente ejecutado por la TGR”.
Tardanza
Una de las iniciativas que distintos gobiernos han intentado implementar, es que las instituciones no superen los 30 días para el pago de facturas por los servicios prestados o venta de bienes.
Sin embargo, de acuerdo con la información recopilada por la CGR, esto no ha ocurrido. Solo en 2020 se emitieron más de 1 millón 276 mil órdenes de pago y de esa cifra 405.745 superaron los 35 días. Incluso hay demoras de hasta 354 días y otros que fueron pagados con plazos de hasta cinco años.
Dentro de las diligencias administrativas, el organismo fiscalizador comprobó además que el SII informó un total de 4.380 documentos cancelados por el sistema PPC por una cifra que alcanza los 13.891 millones de pesos, que llegaron a “un beneficiario distinto al proveedor”. Todo un récord.
A través de una declaración, la Dipres indicó a CHV Noticias que “ha adoptado diversas acciones para subsanar esta falencia del sistema y que valora los resultados entregados en el informe final”. Además, indicó que “ha avanzado en implementar controles de validación de facturas y de las órdenes de compra. Con esto se logra que en el caso de los servicios que hagan pagos de anticipos a los proveedores, queden debidamente registrados con lo que se disminuye la probabilidad de un pago en exceso”.
Lee la declaración completa:
Por Jorge Molina Sanhueza
Fuente: chvnoticias.cl
