Contraloría detectó irregularidades en licitación de cámaras corporales para Carabineros bajo gestión Martorell

  • El ente fiscalizador instruyó la apertura de un sumario en la Subsecretaría de Prevención del Delito y envió los antecedentes al Ministerio Público.
  • La empresa Motorola se adjudicó un contrato por casi 400 millones de pesos pese a incumplir una serie de requisitos estipulados en las bases del concurso.


    La Contraloría General de la República (CGR) instruyó un sumario al interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito tras detectar una serie de irregularidades en la licitación de cámaras corporales para Carabineros, cuya compra fue visada en 2020 por la ex encargada de la división gubernamental Katherine Martorell (RN), quien actualmente es parte del comando del candidato presidencial de la derecha oficialista, Sebastián Sichel.

    Mediante un comunicado, el ente fiscalizador informó que remitió los antecedentes de la auditoría -realizada a solicitud del diputado DC Gabriel Ascencio- a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, ante hechos que podrían revestir carácter de delito.

    La pesquisa de los fiscalizadores dio cuenta de falencias en el proceso de licitación, efectuado durante 2020 y que comprendió la compra de cámaras corporales para la policía militarizada por 378 millones de pesos, que debían tener como una de las principales características la función «post recording», que consiste en mantener la grabación por 120 segundos luego que la cámara fuese apagada.

    Se determinó que Motorola, empresa que se adjudicó la licitación, presentó su propuesta fuera del plazo establecido para la postulación. «Este solo hecho implicaba que la propuesta debió declararse inadmisible, sin embargo, igualmente se visó la adjudicación en marzo de 2020», indicó Contraloría.

    Además, en su propuesta, la firma no presentó antecedentes que acreditaran que las cámaras contaban con la función «post recording», elemento expresamente señalado entre las exigencias en las bases de licitación.

    En otro punto, la empresa tampoco cumplió con entregar documentación sobre el plazo de entrega total del sistema. No obstante, igualmente se le asignó puntaje máximo.

    Tras la recepción de las 300 cámaras, la CGR constató que la Subsecretaría de Prevención del Delito no verificó que los aparatos cumplieran efectivamente con función post recording, lo que implicaba la aplicación de multas por incumplimiento a las bases de licitación.

 

MARTORELL ANUNCIA QUERELLA

La ex subsecretaria reaccionó al anuncio de la Contraloría afirmando que se trata de «errores administrativos, algunos de los cuales se comenzaron a subsanar durante mi gestión y otros que serán subsanados por el servicio, tal como ha solicitado el ente contralor».

En su declaración, Martorell remarcó que «como es evidente y dado que una de las empresas que perdió la licitación presentó una querella, este informe fue remitido a la Fiscalía Centro Norte, que lleva la investigación. La Contraloría, en ningún caso, señala que existen elementos que pudieran revestir características de delito».

La ex autoridad añadió que «una vez que termine este proceso, presentaré las acciones legales en contra de la empresa porque querellarse injustificadamente en este país no puede salir gratis».

Fuente: cooperativa.cl