`El gobierno del Presidente Gabriel Boric, consciente de que estos problemas (delincuencia), nos afecta a todos y todas que habitamos en Chile, sin exclusión de ninguna naturaleza, iniciará un proceso de construcción participativa de una nueva Política de Seguridad Pública que fije una hoja de ruta en materias de seguridad para los próximos 10 años. Será una política de Estado, consensuada y de carácter transversal, que garantizará la participación de todas las instituciones del Estado, actores públicos y privados, y de la sociedad civil en su conjunto. Que estará además, en concordancia con la nueva Constitución Política, la reforma y modernización de Carabineros de Chile y policía de Investigaciones de Chile y el nuevo Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana´.
Este párrafo, que es parte del reciente Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito 2022-2026, presentado por el gobierno al país, expone, a juicio del Diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, una clara manipulación del Ejecutivo respecto al plebiscito del próximo 4 de septiembre, al vincular esta política pública con una eventual nueva Carta Fundamental.
«El gobierno es incapaz de conectarse verdaderamente con las urgencias sociales e intenta utiliza todos los medios posibles para impulsar su posición frente al referéndum del 4 de septiembre. Su desesperación es evidente al observar la decepción de la mayoría de chilenos con la propuesta constitucional planteada al país por la izquierda radical en la Convención. El Gobierno debe mantenerse imparcial pues es garante del proceso», afirma el Diputado del Partido Republicano, Cristián Araya.
El legislador afirma, que en este caso, existe un burdo intento por vincular la nueva Política Nacional de Seguridad Pública planteada por La Moneda, con el texto constitucional que se deberá votar en los próximos comicios de septiembre. «Vemos cómo este gobierno ya perdió todo el pudor para hacer intervencionismo electoral de distintas maneras, incluso utilizando el Plan Nacional de Seguridad Pública para promover el apruebo. La Contraloría ha sido tajante con el Ejecutivo pero no acusan recibo».
El parlamentario indicó que esto es un doble error del Ejecutivo, considerando que la seguridad pública es lo que más inquieta a los chilenos, y vincular esta política pública al texto constitucional es un despropósito. «¿Qué nos quiere decir con esto el gobierno? ¿Que si no gana la opción por la que está jugado y se impone la otra alternativa, los chilenos seguiremos en la indefensión y sin un plan de seguridad pública?»
Araya agrega que «el descaro es absoluto si consideramos que el texto propuesto por la Convención amplía las garantías de los delincuentes y deja en mayor indefensión a los chilenos honestos».
El Parlamentario concluyó haciendo un llamado al Presidente Boric a ceñirse a la institucionalidad y a no caer en la desesperación, «ya que no se puede olvidar de que él tiene el deber y la obligación de gobernar para todos los chilenos y no sólo para quienes son afines a su ideología».
