El Programa de Recuperación de Suelos es un instrumento de fomento del Ministerio de Agricultura, establecido por la Ley N°20.412 de 2010 cuya aplicación se mantiene vigente por un lapso de 12 años, expirando en febrero de 2022. Coordinado por la Subsecretaría de Agrícultura, en coordinación con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) y ejecutado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
Este instrumento, ampliamente conocido por el sector silvoagropecuario y valorado en la región por la importancia que ha tenido en la incorporación de grandes superficies a régimen productivo a través del cuidado del suelo y el combate a la erosión, ha permitido marcar un gran cambio en el paisaje productivo los últimos años. Los requisitos de la ley permiten a todos los productores agrícolas del país (personas naturales o jurídicas), sean propietarios, arrendatarios, comodatarios, usufructuarios o medieros, participar en concursos, para lo cual deben presentar proyectos que son formulados por asesores técnicos acreditados, quienes elaboran los planes de manejo orientados a una o más de las prácticas que este concurso financia, ya sea incorporación de fertilizantes de base fosforada, incorporación de elementos químicos esenciales, establecimiento de una cubierta vegetal en suelos descubiertos o con cobertura deteriorada, empleo de métodos de intervención del suelo y eliminación, limpia o confinamiento de impedimentos físicos o químicos.
Consultado el Seremi de Agricultura, Felipe Henríquez R. sobre las gestiones que se realizan desde el gobierno para permitir la continuidad de este beneficio, señaló “reconocemos la importancia y el valor de este instrumento que a través del fomento permite mejorar la calidad de los suelos y aumentar los índices productivos, por cuanto se trata de una herramienta de alto impacto social, ambiental y económica. Por lo anterior se ha incluido en la propuesta de ley de presupuestos para el año 2022 una asignación presupuestaria para mantener esta iniciativa y paralelamente se gestionará el proyecto de ley que actualiza este instrumento, para lo cual desde 2019 se ha trabajado desde ODEPA con actores públicos, privados y académicos para incorporar mejoras a la ley, donde nuestra región ha participado activamente”.
Regionalmente este instrumento ha permitido intervenir más de 52.000 hectáreas, lo que se ha logrado con inversiones financiadas de manera sectorial por SAG e INDAP, pero además se ha contado con recursos FNDR que han sumado a estos incentivos tanto para usuarios INDAP, como SAG. Sobre el proyecto de actualización se destaca que se determinó regionalmente y de forma participativa mantener el foco productivo, avanzando hacia la sustentabilidad en forma progresiva. Se define sustentabilidad en la ley como “Capacidad de los suelos para mantener sus condiciones fisicoquímicas fundamentales, necesarias para sostener los procesos de producción agropecuaria, sin sufrir deterioros que los imposibiliten para su uso por generaciones futuras, en razón de lo cual requieren de la aplicación de medidas apropiadas para su recuperación, conservación y mantención”
Desde la OGANA AG, su Presidente Pablo Mata señala “pensamos que los programas de recuperación de suelos degradados en Aysén han sido vitales para dar soporte a nuestro principal recurso, los suelos y las pasturas. Los cambios son evidentes en términos de combate a la erosión, mantención de la capa vegetal, cobertura, productividad. Es probablemente, junto al DFL 15 las dos principales herramientas que tenemos en la región para nuestro rubro y es fundamental que el estado este consiente de esto y ojalá los incremente”.
La agricultura familiar campesina, que en la región a través de INDAP es apoyada con cerca de 3.600 familias, igualmente se ha visto muy beneficiada con el uso de este instrumento. El productor agrícola Joaquín Soto Mansilla, quien representa a todas las bases productivas usuarias de INDAP como presidente del Consejo Asesor Regional (CAR INDAP), indicó “consideramos que este instrumento tan valioso y eficaz debería continuarse, de tal manera que solicitamos fervorosamente que en el presupuesto 2022 se contemplen los recursos necesarios para su continuidad” agregando un llamado directo a los parlamentarios regionales “apelamos a las conciencias ilustradas de nuestras y nuestros parlamentarios sin excepción, para que respalden esta iniciativa”.
La ley de presupuestos para el año 2022 ingresada al Congreso Nacional por el ejecutivo considera una proyección de cerca de 6.900 millones de pesos para SAG y cerca de 20.000 millones para INDAP en lo que respecta a transferencias al sector privado en la ley 20.412.
