Los concejales de Coyhaique Ana María Navarrete y Sebastián Vera presentaron la mañana de este jueves 18 de diciembre, ante el Tribunal Electoral Regional (TER), un requerimiento de destitución en contra del alcalde Carlos Gatica, Demócrata Cristiano, acusándolo de notable abandono de deberes y graves infracciones al principio de probidad administrativa, en el marco de una serie de irregularidades que, según los antecedentes acompañados, se arrastran de manera reiterada desde el año 2022, durante su segundo período como jefe comunal.
La acción fue patrocinada por Braulio Sanhueza, abogado de la Universidad de Chile, profesional con amplia experiencia en derecho público y electoral, quien además representó a seis concejales de la Municipalidad de Puerto Montt en el proceso de destitución del exalcalde Gervoy Paredes ante el Tribunal Electoral Regional, causa que culminó con la remoción de dicha autoridad comunal.
El requerimiento se sustenta en una extensa recopilación de antecedentes jurídicos y administrativos, entre los que se cuentan dictámenes e informes de la Contraloría General de la República, resoluciones judiciales firmes y documentos emanados desde el propio municipio de Coyhaique. De acuerdo con los concejales requirentes, estos antecedentes no corresponden a hechos aislados, sino que evidencian un patrón reiterado de conductas contrarias a la legalidad, advertidas en su oportunidad por los órganos de control interno y externo, pero persistidas en el tiempo sin correcciones sustantivas.
Entre los principales hechos expuestos se encuentra la omisión sistemática del uso de licitaciones públicas en contratos donde la ley lo exige expresamente, particularmente en servicios esenciales para la comuna, como la recolección y disposición de residuos domiciliarios urbanos y rurales, la operación y mantención de plantas de tratamiento de aguas servidas, la mantención de áreas verdes y la administración de cementerios municipales. Estas contrataciones se habrían ejecutado mayoritariamente mediante tratos directos improcedentes y decretos de “regularización”, involucrando montos superiores a los seis mil millones de pesos, configurando un mecanismo sostenido de elusión del sistema de compras públicas.
La Contraloría General de la República, además, determinó formalmente la responsabilidad administrativa del alcalde Carlos Gatica, por autorizar contrataciones irregulares, eludir el sistema ChileCompra y omitir la toma de razón de actos administrativos. Dicha resolución fue impugnada por la propia autoridad comunal, siendo posteriormente rechazada tanto por la Corte de Apelaciones de Coyhaique como por la Corte Suprema, quedando firme la responsabilidad administrativa, hecho que reviste especial gravedad considerando que las irregularidades continuaron con posterioridad a estos pronunciamientos.
A ello se suman los informes de la Dirección de Control Municipal, que dan cuenta de la dictación de más de 470 decretos irregulares entre los años 2022 y 2025, por montos superiores a los 4.400 millones de pesos, consolidando un sistema reiterado de compras al margen de la normativa vigente, pese a las advertencias formales realizadas desde el propio municipio.
El requerimiento también incorpora casos específicos, como el pago irregular de más de 31 millones de pesos por el concierto “Íntimo Los Vásquez”, el cual ya se encontraba incluido y pagado dentro de una licitación mayor correspondiente al Festival de la Patagonia 2023, configurándose duplicidad de pagos, omisión de licitación e inclusión de ítems improcedentes, situación respecto de la cual la Contraloría advirtió que los hechos podrían incluso revestir carácter de delito.
Asimismo, se incluye el término anticipado del contrato de concesión de parquímetros, adoptado sin contar previamente con la autorización del Concejo Municipal, lo que generó un perjuicio patrimonial superior a los 83 millones de pesos, por ingresos que el municipio dejó de percibir, actuación que fue declarada por la Contraloría como contraria a derecho.
En este contexto, la concejala Ana María Navarrete señaló que la evasión de licitaciones públicas y la falta de planificación han sido una práctica reiterada en la actual administración. “Es un tema que se lo hemos pedido en reiteradas oportunidades desde el Concejo anterior. Hay muchas prácticas que he observado en este tiempo; esta no es una decisión fácil, pero tengo la certeza de que estamos en lo correcto”, enfatizó.
Por su parte, el concejal Sebastián Vera sostuvo que se trata de una determinación que venían analizando desde hace bastante tiempo. “Está dentro de las atribuciones que tenemos los concejales a la hora de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos. Sentimos que hay una sensación de desgaste por parte de la comunidad ante tanta irregularidad y creemos que existen pruebas suficientes para presentar este requerimiento”, afirmó.
Finalmente, los concejales reiteraron que esta acción no responde a motivaciones personales ni partidistas, sino al cumplimiento estricto del deber legal de fiscalización y a la necesidad de resguardar la probidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, señalando que será el Tribunal Electoral Regional el encargado de ponderar los antecedentes y resolver conforme a derecho.
