- La ex jefa administrativa del municipio interpuso una tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales tras su despido. La acción se suma a otros procesos y presentaciones que mantienen tensionada la gestión municipal.
Coyhaique, 16 enero de 2026.
Un nuevo proceso judicial vuelve a situar al municipio de Coyhaique en el centro de la atención pública. La ex Administradora Municipal, Gabriela Constanza Retamal Retamal, presentó ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique una denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, dirigida en contra de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, representada legalmente por el alcalde Carlos Gatica Villegas (Democracia Cristiana).
La acción se encuentra formalmente ingresada y solicita al tribunal declarar la vulneración del derecho a la integridad psíquica, el derecho a la honra y la garantía de indemnidad, consagrados en la Constitución y en el Código del Trabajo. Asimismo, persigue el pago de indemnizaciones y prestaciones laborales por un monto total estimado superior a los 154 millones de pesos, junto con medidas de reparación institucional.
ROL DE ALTA RESPONSABILIDAD
Gabriela Retamal se desempeñó desde el 29 de junio de 2021 como Administradora Municipal, uno de los cargos de mayor jerarquía técnica dentro del municipio, con funciones directas en la coordinación de direcciones, control interno, tramitación de procedimientos administrativos y subrogancia del alcalde.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la presentación judicial, durante su ejercicio habría cumplido jornadas laborales extensas, con ingresos habituales alrededor de las 07:30 horas y salidas posteriores a las 21:00 o 22:00 horas, incluyendo fines de semana y feriados. Al momento de su desvinculación, mantenía 87 días de feriado legal no gozados, y se reclama judicialmente el no pago de aproximadamente 24.981.000 pesos por horas extraordinarias correspondientes al año 2025.
ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS Y CONTEXTO DEL DESPIDO
La demanda consigna que en octubre de 2025, en su calidad de alcaldesa subrogante, Gabriela Retamal activó el protocolo de la Ley Karin e instruyó un sumario administrativo tras denuncias colectivas de maltrato laboral en la Casa del Adulto Mayor de Coyhaique, procedimiento que quedó formalmente iniciado.
Posteriormente, según se expone en el libelo, se habría producido un deterioro progresivo de su situación laboral y de su salud. La acción incorpora como antecedente que la Mutual de Seguridad calificó su diagnóstico como enfermedad profesional, identificando como agente causal la “hostilidad de la jefatura”.
Con fecha 3 de diciembre de 2025, la Municipalidad fue notificada del inicio del procedimiento de calificación de dicha patología. Al día siguiente, el 4 de diciembre de 2025, mediante decreto alcaldicio, se dispuso su remoción por “pérdida de confianza”.
La demanda sostiene que esta secuencia de hechos es un elemento relevante que deberá ser ponderado por el tribunal en el marco del procedimiento de tutela laboral.
PRETENSIONES JUDICIALES
Entre las peticiones sometidas a resolución judicial se incluyen la declaración de vulneración de derechos fundamentales, una indemnización especial sancionatoria, una indemnización por daño moral, el pago de feriados legales y horas extraordinarias adeudadas, además de medidas de reparación institucional, capacitaciones obligatorias y una disculpa pública por parte del municipio.
La causa se encuentra actualmente en tramitación ante el Juzgado del Trabajo de Coyhaique.
UN NUEVO EPISODIO EN UN ESCENARIO MUNICIPAL TENSIONADO
Este proceso judicial se suma a un contexto institucional ya complejo. Durante el último tiempo, el Concejo Municipal ha sido formalmente notificado de actuaciones y observaciones de la Contraloría General de la República, y además se encuentra en curso una presentación ante el Tribunal Electoral Regional impulsada por concejales de distintos sectores políticos, solicitando la destitución del alcalde por notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa.
En ese marco, la demanda de la ex Administradora Municipal incorpora un nuevo componente al debate público local, esta vez desde la esfera judicial laboral, con eventuales implicancias institucionales que trascienden lo estrictamente contractual.
