Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de ley que busca sancionar penalmente la explotación económica del comercio sexual entre adultos, así como la facilitación de plataformas digitales, publicaciones e inmuebles destinados a estas actividades, con el objetivo de debilitar una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en Chile.
La iniciativa forma parte de la agenda de seguridad de la bancada RN y surge en medio de las advertencias realizadas por el Ministerio Público respecto al rol que cumple el comercio sexual en el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales, particularmente del Tren de Aragua.
El proyecto es liderado por el diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, y cuenta con el respaldo de los parlamentarios Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis y Eduardo Durán.
Nuevos delitos y sanciones
La propuesta busca tipificar como delito la explotación económica de los servicios sexuales prestados por terceros mayores de edad, incluso cuando exista consentimiento. Asimismo, establece sanciones para quienes administren o faciliten plataformas digitales, publicaciones o avisos destinados a ofrecer o coordinar servicios sexuales, además de quienes proporcionen inmuebles para el desarrollo de estas actividades.
Por otra parte, el texto considera como falta la contratación y pago de servicios sexuales, incorporando así nuevas herramientas legales para enfrentar un fenómeno que, según sus impulsores, está siendo aprovechado por organizaciones criminales para generar ingresos ilícitos.
Cambios a la ley de lavado de activos
El proyecto también contempla modificaciones a la Ley N.º 19.913, incorporando la explotación económica del comercio sexual ajeno como delito base de lavado de activos.
De esta manera, las autoridades podrían perseguir no solo a quienes participen en estas actividades, sino también los recursos y ganancias obtenidos a través de ellas, fortaleciendo las herramientas para combatir las redes criminales y sus estructuras financieras.
Advertencia de la Fiscalía
La iniciativa toma fuerza tras las declaraciones del fiscal Héctor Barros, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y líder del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), quien ha señalado que el comercio sexual constituye una de las principales fuentes de ingresos del Tren de Aragua en Chile.
Según explicó el persecutor, cerrar este mercado a las organizaciones criminales podría reducir significativamente su interés por operar en el país.
“Si yo le cierro ese mercado a las organizaciones criminales, claramente lo que voy a tener es que no va a haber interés ahora en venir a, por ejemplo, ejercer la prostitución en Chile”, afirmó Barros.
El fiscal agregó que esta actividad suele estar vinculada a otros delitos, como la inmigración irregular, el control y explotación de personas por parte de bandas criminales, secuestros y diversas formas de crimen organizado.
Buscar apoyo transversal
El diputado Mauro González sostuvo que el proyecto apunta directamente a desarticular las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
“En Chile se debe sancionar y regular el mercado sexual, porque está siendo utilizado por las bandas criminales como fuente de financiamiento”, afirmó.
La iniciativa comenzará ahora su tramitación en la Cámara de Diputados, donde sus impulsores buscarán reunir apoyo transversal para avanzar en una de las materias que actualmente concentra el debate legislativo en materia de seguridad pública.
