Tras la realización y conclusión de dos extensas investigaciones sumarias por ocultar información pública en las corporaciones de Cultura y Deportes, el organismo estatal dictaminó castigos históricos e inapelables para la máxima autoridad comunal y dos de sus directores directos.
El Consejo para la Transparencia ha emitido dos categóricas resoluciones que marcan un profundo precedente en materia de probidad y en el correcto manejo de la información pública dentro de la comuna de Coyhaique. Mediante la ejecución detallada de dos sumarios administrativos, el organismo del Estado determinó la completa responsabilidad administrativa del actual Alcalde frente a reiterados e injustificados incumplimientos a la Ley de Transparencia.
Los dictámenes oficiales establecen de forma clara que la máxima autoridad comunal, actuando en su calidad de Presidente de los directorios de ambas entidades municipales, falló gravemente en su deber legal de supervigilancia. El Consejo para la Transparencia concluyó que el Alcalde no ejerció en ningún momento las medidas necesarias de control, dirección y supervisión que su alto cargo exige, permitiendo que el personal bajo su estricta dependencia mantuviera oculta, incompleta o desactualizada una serie de informaciones fundamentales para el correcto escrutinio ciudadano.
¿Qué significa todo esto en palabras simples?
Para comprender adecuadamente la magnitud y el impacto de lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, es necesario explicar el corazón de las faltas cometidas. Las corporaciones municipales tienen la obligación legal, conocida como “transparencia activa”, de publicar en internet y de manera permanente diversos datos esenciales sobre el uso de los recursos.
Sin embargo, en la comuna de Coyhaique, estas entidades fallaron reiteradamente en mostrar información básica y vital a la comunidad. La ciudadanía no tenía cómo conocer la ejecución real de los presupuestos anuales, la lista de personas contratadas a honorarios o código del trabajo, las escalas de sueldos que se pagan mes a mes, el detalle de las compras realizadas fuera del sistema formal, ni las nóminas de los beneficiarios de la comuna.
Aunque cada corporación cuenta con directores ejecutivos encargados de administrar el trabajo diario, la ley es clara en establecer que el superior jerárquico de ellos es el Alcalde. Al no fiscalizar a sus propios equipos directivos ni exigirles el cumplimiento obligatorio de publicar estos datos, el edil asume la responsabilidad administrativa total por permitir que los vecinos no supieran cómo se gastaba el dinero.
Dos sumarios, múltiples involucrados y el detalle de las sanciones
La gravedad de estas omisiones continuas motivó al ente regulador a levantar dos investigaciones separadas, las cuales determinan hoy castigos económicos sin precedentes:
- En primer lugar, el sumario rol S168-24 investigó a fondo a la Corporación Cultural Municipalidad de Coyhaique. Por mantener a oscuras los datos de esta área, el Consejo para la Transparencia sancionó a la Directora Ejecutiva con una multa equivalente al 25% de su remuneración mensual. En el mismo dictamen, al Alcalde se le aplicó una dura multa del 30% de su sueldo.
- En segundo lugar, el sumario rol S159-24 revisó minuciosamente el actuar de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación. En esta arista se detectaron omisiones igualmente severas, sancionando al Director Ejecutivo subrogante con un castigo del 25% de su remuneración. No obstante, para el Alcalde la penalización fue aún más dura, recibiendo una multa del 40% de su sueldo. El documento recalca que se le castiga más fuerte porque se le niega la atenuante de “irreprochable conducta anterior”, al arrastrar ya la sanción de la corporación cultural.
El impacto económico y el destino final de los dineros
Al sumar de manera directa los resultados de ambos informes elaborados por el Consejo para la Transparencia, el Alcalde acumula penalizaciones equivalentes al 70% de una remuneración mensual producto de estas graves vulneraciones al derecho a la información.
Estas infracciones no se limitan a un llamado de atención escrito. Las resoluciones ordenan que estos altos porcentajes sean descontados íntegramente y de manera obligatoria desde la primera liquidación de sueldo bruta que deban percibir las autoridades. Finalmente, el dinero retenido no volverá al presupuesto del municipio ni se quedará en Coyhaique, sino que será depositado directo a las arcas del Estado, ingresando a la Tesorería General de la República.
