La Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) resolvió suspender de manera provisoria el proceso penal que enfrenta el senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto, mientras analiza la admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por su defensa. La medida detiene momentáneamente el avance de la investigación hasta que el organismo decida si acoge o no la acción constitucional.
La defensa del parlamentario sostiene que una norma del Código Procesal Penal, aplicada en esta causa, vulnera su derecho a una defensa efectiva, ya que limita la posibilidad de solicitar determinadas diligencias investigativas una vez cerrado el plazo legal de la investigación. Por ello, recurrió al TC solicitando suspender el procedimiento mientras se resuelve el fondo del requerimiento.
Como consecuencia de esta resolución, quedó sin efecto la audiencia programada para el lunes 27 de julio en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, donde se discutiría la realización de diligencias solicitadas por la defensa y previamente autorizadas por el Ministerio Público. La Fiscalía Regional de Aysén confirmó que dicha audiencia no podrá realizarse mientras permanezca vigente la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.
El caso investiga un presunto fraude al Fisco relacionado con el uso de asignaciones parlamentarias durante el período en que Calisto ejercía como diputado. Según la Fiscalía, el perjuicio fiscal superaría los $100 millones, motivo por el cual el Ministerio Público presentó una acusación solicitando 12 años de presidio, además de impulsar un nuevo proceso de desafuero. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil para recuperar los recursos presuntamente defraudados.
Tras conocerse la resolución, el abogado defensor César Ramos valoró la decisión del TC y afirmó que la suspensión permite que el tribunal constitucional resuelva primero si el requerimiento es admisible, evitando que la norma cuestionada sea aplicada antes de ese pronunciamiento.
Ahora, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado deberán presentar sus informes ante el Tribunal Constitucional para solicitar que el requerimiento sea declarado inadmisible. Solo una vez resuelta esa etapa, el TC decidirá si el proceso penal continúa suspendido o si la causa retoma su tramitación en los tribunales ordinarios.
