- La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Aysén logró desbaratar y condenar a imputados que estafaban a víctimas mediante la supuesta venta de vehículos en régimen de Zona Franca.
En el marco de un Procedimiento Abreviado efectuado ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Aysén (SACFI), obtuvo una sentencia condenatoria en una investigación con 15 casos de estafa en la venta de vehículos, ejecutados por una organización criminal compuesta por un ex funcionario de Carabineros de 43 años, quien cumplió funciones en la capital regional y una contadora de 46 años.
Estos delitos afectaron a personas a quienes se les ofrecía la venta de automóviles en la Región de Aysén, bajo la modalidad de zona franca, aprovechando su calidad de funcionario público, con lo cual vulneraba la confianza de los compradores para concretar el engaño.
La investigación fue liderada por el Fiscal Jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Luis González Aracena, en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, quienes efectuaron diversas diligencias en este importante caso.
MODUS OPERANDI
El modus operandi de los condenados, quienes no registraban antecedentes penales previos, consistía en simular la venta de vehículos bajo el régimen de zona franca, utilizando una empresa previamente constituida para estos fines, denominada “Importaciones de Vehículos y Accesorios Zona Franca Fácil Car SpA”, la cual registró domicilio en calle Eusebio Lillo de Coyhaique.
Los vehículos eran ofrecidos a través de redes sociales y sitios dedicados a la compra y venta de estos medios de transporte, donde captaban a las víctimas y celebraban contratos ante notario para adquirir automóviles que supuestamente serían trasladados desde Iquique. Sin embargo, dicha modalidad formaba parte del engaño, ya que nunca se realizaba la entrega de los vehículos comprometidos.
Como parte del mecanismo de estafa y de acuerdo a lo planteado en los hechos de la acusación de la Fiscalía, las víctimas pagaban una parte del precio al momento de suscribir el contrato, bajo la creencia de que el negocio era verídico, quedando pendiente el remanente una vez fueran entregados los vehículos, lo cual nunca sucedía.
DINEROS
Así, los automóviles nunca llegaban ni eran realmente trasladados a Coyhaique, aduciendo falsamente el imputado, que había demoras o problemas en el traslado de estos. También ofrecía hacer devoluciones parciales a las víctimas con el solo objeto de mantener la apariencia de cumplimiento del negocio.
Paralelamente, estos dineros que utilizaban para las supuestas devoluciones provenían del pago que realizaban otras víctimas por contratos que continuaban efectuando, bajo la misma modalidad de engaño ya descrita.
Incluso, en el año 2020, el imputado contrató los servicios como contadora de la segunda imputada en esta causa, confiriéndole también poder para actuar como representante de la empresa Fácil Car Spa.
En esas circunstancias, entre los meses de agosto del año 2021 y febrero del 2022, ambos imputados, concertados entre sí, estafaron a numerosas víctimas.
RETRIBUCIÓN
Como resultado de esta investigación de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Aysén, SACFI, se obtuvo una condena por el delito reiterado de estafa para ambos involucrados, donde el principal imputado -un ex funcionario de Carabineros- se mantuvo en prisión preventiva durante un año, tras haber sido formalizado.
Finalmente, el fiscal Jefe de SACFI Aysén, Luis González Aracena, informó que, junto a la condena por parte del Tribunal, se logrará subsanar -en parte- el perjuicio económico causado a las víctimas, para lo cual el imputado se comprometió judicialmente a pagar un total superior a los 28 millones de pesos, los cuales serán repartidos en distintos montos entre las 15 víctimas de estafa.
Además, el Juzgado de Garantía de Coyhaique condenó al imputado a una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 15 unidades tributarias mensuales, es decir un millón de pesos y la segunda involucrada fue condenada a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, más una multa de 11 unidades tributarias mensuales, es decir cerca de 750 mil pesos.
La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos efectuó un llamado a la comunidad a extremar las medidas de precaución al momento de comprar o vender vehículos, especialmente cuando se trate de empresas importadoras que operan bajo el régimen de zona franca.
