Los parlamentarios, junto a otros legisladores, ingresaron hoy un proyecto de resolución que solicita al Gobierno frenar las alzas en las cuentas de electricidad y reformar el sistema de cobro, acusando que las empresas operan con fines usureros y sin sentido social.
Este miércoles 14 de mayo, los diputados René Alinco (Región de Aysén) y Jaime Araya (Región de Antofagasta), junto a otros parlamentarios, presentaron un proyecto de resolución en la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa solicita al Presidente Gabriel Boric y al Ministerio de Energía adoptar medidas urgentes para rebajar las tarifas eléctricas y reformar el sistema de cobro que, según denuncian, perjudica especialmente a las regiones extremas como Aysén.
«A ver, la mentira tiene patas cortas, dice un dicho chileno. Y creo que el Ministro de Energía las tiene bastante cortas las patas», afirmó Alinco, acusando al titular de la cartera de haber faltado reiteradamente a la verdad sobre los reajustes en las cuentas de luz.
El parlamentario sostuvo que su región ha sufrido un aumento promedio del 76% en el valor de la electricidad desde mayo, pagando hoy «la luz más cara de Chile». Enfatizó que este escenario afecta directamente a los sectores más vulnerables: «El costo lo paga el pueblo chileno, los trabajadores, los adultos mayores, los campesinos y los pescadores artesanales».
Alinco criticó duramente el modelo privatizado del sistema eléctrico y pidió que el Gobierno deje de favorecer a las empresas generadoras: «Hasta este momento, todos los proyectos siguen favoreciendo a las empresas que lucran con este servicio básico. Necesitamos cambiar de raíz este sistema».
Por su parte, el diputado Jaime Araya respaldó la iniciativa, destacando que las alzas en las tarifas eléctricas afectan a diversas regiones del país, incluyendo Antofagasta. Araya enfatizó la necesidad de una revisión profunda del sistema tarifario para garantizar equidad y justicia en el acceso a la energía eléctrica.
Finalmente, los parlamentarios emplazaron al Presidente Boric a que su compromiso social «no se quede en teoría, sino que se traduzca en hechos concretos», instando a poner fin a lo que calificaron como «tarifas usureras» que están ahogando a las familias chilenas.
