El Ministerio de la Mujer hizo un positivo balance de las leyes que establecieron el Registro Nacional de Deudores y el Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos.
“Siete de cada 10 casos se resuelven, pero aún es un fenómeno muy arraigado en la cultura de nuestro país”, reflexionó Antonia Orellana.
El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género hizo un positivo balance de la implementación de las leyes que establecieron en Chile un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y la Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos.
La primera de ellas, la Ley 21.389 -que creó el Registro-, entró en vigor el 21 de noviembre de 2022 y fijó un sistema electrónico gratuito, administrado por el Registro Civil, que permite inscribir a quienes mantienen deudas de pensión de alimentos por tres meses continuos o cinco discontinuos, siempre que exista una causa en tribunales de familia.
Este registro puede ser consultado por instituciones públicas y privadas obligadas por ley, como tribunales, bancos, notarías, municipalidades y servicios financieros.
Entre las principales consecuencias de figurar en el Registro se cuentan la retención de devoluciones de impuestos, la imposibilidad de obtener o renovar licencia de conducir o pasaporte y la retención de operaciones de crédito desde 50 UF (unos dos millones de pesos, aproximadamente), entre otras sanciones.
Según cifras del Registro Civil, desde noviembre de 2022 se han inscrito 331 mil 787 deudas, 226 mil 680 de las cuales ya fueron canceladas o llegaron a acuerdo de pago, lo que representa una tasa de resolución del 68,32 por ciento.
Actualmente hay 295 mil 263 deudores vigentes: el 95,3 por ciento son hombres y el 4,7 por ciento, mujeres.
La “Ley Papito Corazón”
En declaraciones a Radio y TV Usach, la ministra Antonia Orellana recordó que, cuando asumió la Administración Boric, debió abordar algunas problemas estructurales para mejorar y eficientar el sistema de cobro.
“Cuando se aprobó la ley durante el Gobierno del Presidente Piñera, el Registro no permitía salir una vez inscrito. Era como un Dicom histórico. Nosotras lo pusimos en marcha, pese a que no traía recursos, y rápidamente identificamos ese problema”, relató explicó.
El mayor hito del proceso se produjo en mayo de 2023, con la entrada en vigencia de la Ley 21.484, de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que complementó la del Registro, y que se conoció popularmente como “Ley Papito Corazón”.
Esta normativa permite que, ante una deuda, los tribunales ordenen de oficio el pago desde cuentas bancarias, instrumentos financieros, APV e incluso, en determinados casos, desde los fondos previsionales obligatorios del deudor.
Las cifras del Poder Judicial reflejan el alcance de esta medida: a noviembre de 2025, los tribunales de familia han ordenado el pago de 2.975.447.078.809 pesos: en simple, más de 2,9 billones de pesos, un monto equivalente a 62 teletones, a beneficio de más de 322 mil familias en todo el país.
“Gracias a este mecanismo, los tribunales han logrado que el pago se ejecute efectivamente. ¿A dónde van estos recursos? A la cuenta de los niños y niñas a quienes se les debía la pensión“, celebró la ministra.
El balance demuestra que el Estado ha avanzado en instalar una institucionalidad robusta para enfrentar un problema histórico, destacó Orellana: “Siete de cada 10 casos se resuelven. Eso muestra que las herramientas funcionan”.
No obstante, las cifras también revelan desafíos pendientes: del total de deudores que cancelaron lo debido, un 26,33 por ciento reincidió, reingresando al Registro tras pagar o acordar su deuda.
“Es un fenómeno que está muy arraigado en la cultura de nuestro país. Incluso desde la cultura popular, ‘papito corazón’ para algunos sigue siendo un nombre gracioso, asociado a la pillería de esconderse para no responder ante la Justicia… Debemos seguir reforzando el cambio cultural y el cumplimiento efectivo de las responsabilidades parentales”, concluyó la ministra.
En términos territoriales, la mayor cantidad de deudores se concentra en la Región Metropolitana, seguida por Valparaíso y Biobío, en proporción a su población.
Fuente: cooperativa.cl
