Las protestas cumplen 30 días exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La crisis ha generado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, mientras aumentan las presiones para que el Gobierno decrete un estado de excepción.
Bolivia enfrenta una de las mayores crisis sociales y económicas de los últimos años tras cumplirse un mes de bloqueos de carreteras impulsados por organizaciones sociales y sindicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las movilizaciones han provocado graves problemas de abastecimiento en gran parte del país, afectando el suministro de alimentos, combustibles, insumos médicos y medicamentos esenciales.
El conflicto se desarrolla en medio de una compleja situación económica que arrastra el país desde 2023, marcada por la escasez de divisas, el aumento de la inflación y una creciente incertidumbre social. Frente al deterioro del escenario, distintos sectores han solicitado al Gobierno evaluar la aplicación de un estado de excepción, mientras las organizaciones movilizadas mantienen su negativa a negociar.
Protestas se expanden por casi todo el país
Los bloqueos comenzaron el pasado 6 de mayo y son encabezados por la Federación de Campesinos Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales de El Alto y grupos afines al expresidente Evo Morales.
Aunque inicialmente las manifestaciones se concentraron en La Paz y El Alto, con el paso de las semanas se extendieron a ocho de las nueve regiones bolivianas, registrándose más de un centenar de puntos de bloqueo en las principales rutas del país.
Los dirigentes sostienen que su única exigencia es la renuncia del mandatario, a quien acusan de marginar a diversos sectores sociales de las decisiones gubernamentales y de promover reformas relacionadas con energía, hidrocarburos y recursos naturales que, según denuncian, abrirían espacio a procesos de privatización. El Ejecutivo ha rechazado dichas acusaciones.
Millonarias pérdidas económicas
El impacto económico del conflicto ya alcanza cifras históricas. Según la Cámara Nacional de Industrias (CNI), las pérdidas acumuladas superan los 2.100 millones de dólares, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños comerciantes y trabajadores independientes.
El sector turístico también ha sufrido un duro golpe. Datos oficiales indican que las pérdidas en esta actividad ascienden a 1.230 millones de dólares, además del daño provocado a la imagen internacional del país en plena temporada de viajes.
Diez fallecidos en medio de la crisis
La Defensoría del Pueblo informó que al menos diez personas han perdido la vida como consecuencia directa o indirecta de los bloqueos.
Siete de las víctimas fallecieron tras no poder acceder oportunamente a atención médica debido a los cortes de ruta, mientras que otras tres murieron en incidentes vinculados a las protestas y operativos de desbloqueo. Entre ellas figura un manifestante que recibió un disparo durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad.
Apoyo internacional al Gobierno
La crisis ha generado preocupación en la comunidad internacional. Diversos países que integran el denominado Escudo de Las Américas manifestaron su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz y condenaron lo que consideran un intento de desestabilización institucional.
Además, Bolivia ha recibido ayuda humanitaria desde Estados Unidos, Chile y Perú para enfrentar los problemas de abastecimiento. Argentina también colaboró mediante el envío de aeronaves de carga destinadas a fortalecer el puente aéreo para el transporte de alimentos hacia las ciudades más afectadas.
La tensión diplomática escaló recientemente luego de que el Gobierno boliviano expulsara a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, tras declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro que fueron calificadas por La Paz como una injerencia en asuntos internos.
Fracasan intentos de diálogo y desbloqueo
Las autoridades han intentado restablecer la circulación mediante operativos policiales y militares realizados durante mayo, con el objetivo de habilitar corredores humanitarios para el traslado de alimentos y medicinas. Sin embargo, las acciones derivaron en enfrentamientos y no lograron desactivar las movilizaciones.
Paralelamente, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, representantes del Parlamento y organizaciones de derechos humanos han impulsado esfuerzos de mediación que hasta ahora no han conseguido acercar posiciones.
Durante los últimos días, dirigentes campesinos del altiplano emitieron un ultimátum al presidente Paz para que abandone el cargo, mientras el mandatario reiteró públicamente su disposición al diálogo.
Estado de excepción gana fuerza como alternativa
Ante la persistencia del conflicto y el agravamiento de la crisis, crecen las voces que plantean la necesidad de decretar un estado de excepción para restablecer el orden y garantizar el abastecimiento de productos básicos.
El Parlamento ya derogó una normativa vigente desde 2020 que limitaba la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interna. Asimismo, el Senado aprobó un proyecto impulsado por el Ejecutivo para fortalecer las facultades de las fuerzas de seguridad frente a escenarios de crisis.
Pese a ello, Rodrigo Paz insistió en que agotará todas las instancias de diálogo antes de recurrir a medidas extraordinarias, aunque aseguró que utilizará todas las herramientas que le otorga la Constitución para superar la emergencia.
Con el país prácticamente paralizado, una economía cada vez más golpeada y una creciente tensión política, Bolivia enfrenta días decisivos que podrían definir el rumbo de la crisis más grave que vive en los últimos años.
