La Contraloría General de la República concluyó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, excedió las atribuciones legales de su cargo al solicitar una nómina detallada de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), según establece el Dictamen N.º D344/2026.
El pronunciamiento del organismo fiscalizador abordó tres materias denunciadas por parlamentarios: la solicitud de antecedentes de detectives de la PDI, la desvinculación de la exprefecta general Consuelo Peña y la situación de la denominada Unidad Ministerial Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública.
Solicitud de antecedentes a detectives de la PDI
De acuerdo con el dictamen, la entonces ministra solicitó a la PDI antecedentes relacionados con funcionarios de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado vinculada a una investigación penal en desarrollo.
La Contraloría señaló que, si bien la autoridad ministerial posee facultades generales para requerir información a los organismos dependientes del ministerio, el requerimiento efectuado excedió el marco legal establecido en la Ley N.º 21.730.
El oficio solicitado incluía una nómina detallada con nombres completos, cédulas de identidad, grados institucionales, además de antecedentes disciplinarios y penales de los funcionarios involucrados, información que el ente fiscalizador consideró ajena a las atribuciones ordinarias de la autoridad ministerial.
En ese sentido, el organismo concluyó que la exigencia de dichos antecedentes “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial”, determinando que se sobrepasó la facultad general de requerir informes contemplada en la legislación vigente.
Asimismo, la Contraloría advirtió que los funcionarios respecto de los cuales se solicitó la información pertenecían a una unidad policial vinculada a investigaciones en las que Steinert había participado previamente antes de asumir el ministerio, situación que, según el dictamen, debió activar el deber legal de abstención establecido para las autoridades de Estado frente a posibles conflictos de interés.
Desvinculación de Consuelo Peña se ajustó a derecho
Respecto de la salida de la exprefecta general de la PDI, Consuelo Peña, la Contraloría concluyó que el procedimiento se ajustó plenamente a la normativa vigente.
El organismo recordó que el retiro absoluto de la oficial fue dispuesto mediante un decreto supremo, documento que fue tomado de razón por la propia Contraloría el pasado 10 de abril de 2026, validando la legalidad del procedimiento.
Por ello, el dictamen descartó irregularidades en esta materia y confirmó que la decisión se encontraba dentro de las facultades legales de la autoridad correspondiente.
Unidad Estratégica continúa vigente
En relación con la denuncia sobre una eventual disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública, la Contraloría aclaró que una eventual eliminación o modificación de dicha estructura requiere una norma de rango legal.
Según los antecedentes entregados por la cartera, la unidad no fue eliminada, sino que pasó a denominarse “Unidad Ministerial Estratégica”, manteniendo su dependencia directa del ministro de Seguridad Pública.
Por esta razón, el organismo concluyó que no existió vulneración de la Ley N.º 21.730 y que la unidad continúa formando parte de la estructura orgánica del ministerio.
Con este dictamen, la Contraloría estableció responsabilidades administrativas respecto del alcance de las facultades ministeriales, validó la legalidad de la salida de la exjefa policial y descartó irregularidades en la reorganización interna del Ministerio de Seguridad Pública.
