El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que trabaja en una iniciativa legal para acelerar el acceso a información bancaria en investigaciones criminales, aunque garantizó que la decisión seguirá estando en manos de los tribunales.
Un importante cambio en la postura del Gobierno anunció este jueves el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al revelar que su cartera está elaborando un proyecto de ley destinado a agilizar el levantamiento del secreto bancario, mecanismo que actualmente requiere autorización judicial para su aplicación.
La iniciativa surge en medio del fortalecimiento de las medidas contra el crimen organizado y luego de que se conociera la detención de un ejecutivo bancario presuntamente vinculado al financiamiento de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
“Este tema nos interesa especialmente en Hacienda porque estamos combatiendo también el daño que le hace a la economía la economía ilícita”, afirmó el secretario de Estado.
Pese a que el objetivo es acelerar los procesos investigativos relacionados con delitos complejos, Quiroz recalcó que el proyecto mantendrá intacto el principio de control judicial sobre el levantamiento del secreto bancario, descartando cualquier mecanismo de carácter exclusivamente administrativo.
“He iniciado un trabajo, partimos hace poco, y van a ir conociendo ustedes detalles más adelante, posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que tengo que ir conversando con los demás ministerios, siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la corte y del Poder Judicial el levantar el secreto bancario”, explicó.
El anuncio marca un giro relevante respecto de la posición que el Ejecutivo había sostenido hasta ahora en el Congreso. De hecho, tanto el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, como el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, habían descartado previamente flexibilizar la reserva bancaria, argumentando que esta medida no formaba parte de las prioridades de la agenda de seguridad.
Con esta nueva señal desde Hacienda, el Gobierno abre la puerta a una discusión legislativa que busca fortalecer las herramientas para perseguir el lavado de activos, el financiamiento de organizaciones criminales y otros delitos vinculados a la economía ilícita, manteniendo al mismo tiempo las garantías judiciales vigentes.
