La iniciativa condiciona las patentes comerciales a la entrega de registros actualizados con la documentación.
Esto, tras las alertas sobre diversas estructuras delictuales que utilizan centros de estética y peluquerías para encubrir actividades de carácter ilícito.
Los diputados Roberto Arroyo (independiente) y Catalina del Real (Partido Republicano) presentaron un proyecto de ley que busca obligar a barberías, peluquerías y centros de estética a acreditar los antecedentes penales y la regularidad migratoria de todo su personal que atienda público.
La propuesta busca modificar un decreto ley sobre Rentas Municipales, estableciendo que la entrega o renovación de la patente comercial quedará condicionada a que el titular del local mantenga un registro actualizado con la documentación legal de sus trabajadores, incluyendo permisos de residencia y autorizaciones laborales vigentes para extranjeros.
Combate a las “fachadas” delictuales
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) encendió las alarmas sobre cómo estructuras delictuales utilizan negocios de apariencia legítima -como centros de estética, ópticas y barberías- para ocultar actividades ilícitas.
Ante este escenario, el diputado Arroyo explicó que “este proyecto no busca perseguir a quienes trabajan honestamente, sino cerrar espacios de informalidad que pueden ser aprovechados por la delincuencia”.
La medida surge tras las alertas emitidas por la Cámara Nacional de Comercio sobre diversos rubros afectados. (FOTO: ATON)
“Las barberías y peluquerías que cumplen la ley no tienen nada que temer, pero el Estado sí tiene el deber de exigir antecedentes mínimos cuando se trata de locales abiertos al público“, advirtió el parlamentario.
Nuevas herramientas para los municipios
Uno de los puntos críticos que aborda la propuesta es la falta de facultades que hoy enfrentan los fiscalizadores locales. Al establecer que el titular de la patente debe llevar un registro actualizado de su personal, se facilita la labor de control en terreno.
De no existir dicho registro o de constatarse la presencia de personal sin sus papeles en regla, la ley contempla sanciones severas, incluyendo la caducidad de la patente.
Roberto Arroyo y Catalina del Real proponen modificaciones al decreto de Rentas Municipales para condicionar la renovación de patentes comerciales. (FOTO: Cedida)
Al respecto, Del Real sostuvo que “los municipios necesitan herramientas reales para fiscalizar y actuar cuando existen locales que funcionan al margen de la normativa. No podemos permitir que actividades comerciales legítimas sean utilizadas como fachada para incivilidades, irregularidades o situaciones que afecten la seguridad de los vecinos“.
Finalmente, los parlamentarios insistieron en que este marco regulatorio busca proteger a los emprendedores que operan bajo la ley, evitando la competencia desleal de locales que sirven a fines oscuros.
Fuente: cooperativa.cl
