Seremis de Gobierno y Trabajo se encuentran en terreno informando a las y los pensionados acerca del proyecto de Reforma de Pensiones

La reforma previsional dio un nuevo paso en su tramitación legislativa en el Congreso Nacional, luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas terminó el lunes 22 de votar el proyecto en particular, con normas relativas a la Pensión Garantizada Universal (PGU) y artículos transitorios. De este modo, la iniciativa presentada por el Ejecutivo pasó a discutirse este martes 23 de enero en la Sala de la Corporación.

La seremi de Gobierno de Aysén, Tatiana Plá Álvarez, estuvo en la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM) dando a conocer los alcances del proyecto de Reforma de Pensiones a sus asociados y asociadas.

“Acá se trata de no hacer esperar más a nuestros jubilados, porque cada año que pasa, muchos mueren esperando una pensión digna. Por eso, es urgente aprobar la idea de legislar, ya que cada año que pasa sin una nueva reforma de pensiones, es un año más que nuestros adultos y adultas mayores viven con jubilaciones miserables”.

La vocera de Gobierno agregó: “Este es un proyecto que se ha estado tramitando por mucho tiempo y, si bien pueden existir aún posiciones diferentes, votar la idea de legislar en la Sala es fundamental para continuar el trabajo parlamentario. Si se rechaza la idea de legislar, este proyecto no podría discutirse sino hasta dentro de un año más, y tras 10 años de discusión pública sobre pensiones y 14 meses de tramitación legislativa, eso es algo que sería muy difícil de comprender por la ciudadanía”, aseveró Tatiana Plá.

Cabe recordar que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó a tramitación legislativa la reforma previsional en noviembre de 2022 al Congreso Nacional, siendo aprobada su idea de legislar en enero de 2023, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas. A inicios de este año, y luego de que el Ejecutivo presentó una serie de indicaciones al proyecto, la mencionada instancia legislativa lo despachó en particular, pasando a la Comisión de Hacienda.

Por su parte, Rodrigo Díaz Cordaro, seremi del Trabajo y Previsión Social de Aysén, estuvo en la localidad de Tortel, informando a  las y los adultos mayores acerca de este proyecto. “Les contamos que tanto en la Comisión de Trabajo como en la Comisión Hacienda hemos podido avanzar en el proyecto buscando mejores pensiones para los actuales y futuros pensionados y pensionadas. Sabemos que hay diferencias que son propias de la democracia, pero no podemos esperar más y como Gobierno nos hemos abierto al diálogo. Las AFP deben acabarse para dar paso a una institución que esté al servicio de las personas, donde las personas puedan efectivamente elegir. El 3% para cotización individual y 3% para seguro social es necesario para nuestra sociedad. Debemos debatir y que se discuta ahora para mejorar las pensiones. Ahora es el momento, con altura de miras y sin populismo», enfatizó Rodrigo Díaz.

EL seremi del Trabajo también se reunirá con adultos mayores en Cochrane, el jueves 25 de enero, a las 15:30 horas, con el fin de continuar con la difusión de la Reforma de Pensiones que se está discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Respecto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) se aprobó este lunes un artículo que contiene modificaciones a la ley que crea este beneficio, a través de dos numerales. El primero de ellos modifica la definición de pensión base, de manera tal que los montos en dinero recibidos por los beneficiarios de la Ley de exonerados políticos (ley N°19.234), beneficiarios de la Ley Rettig (leyes N°19.123 y N°19.980) y de la Ley Valech (Ley N°19.992) no serán considerados en el cálculo de la pensión base para establecer que la persona puede acceder a la PGU.

En tanto, el segundo numeral establece un nuevo diseño institucional a cargo de la revisión del valor real de la PGU y que ha sido recogido de las observaciones que realizaron expertos de oposición en la mesa técnica convocada por el Ejecutivo el año pasado.

José Vivallo Pérez, presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores, UCAM Baquedano de Coyhaique y consejero regional de Senama, destacó: “Para nosotros los adultos mayores de la región de Aysén es prioritario que se apruebe esta reforma a las pensiones, porque vivir en Coyhaique, en cualquier comuna de esta región es muy difícil, acá todas las cosas son un 30% más caras, por lo tanto, para vivir en Coyhaique y en la Patagonia, la verdad es que los sueldos no alcanzan y menos las pensiones. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos los parlamentarios que se fijen en que también sus hijos y sus nietos van a ser adultos mayores y queremos que como país las pensiones se mejoren porque no es posible llegar a la tercera edad siendo pobres. La verdad es que hasta el momento todos los adultos mayores del país sufren pensiones bajas, miserables y en esta región, con mayor razón. Es penoso ver como los socios de nuestros clubes apenas alcanzan a llegar a fin de mes y eso significa pésima calidad de vida, así que hago un llamado a los parlamentarios a ponerse la mano en el corazón por lo adultos mayores de hoy y por los pensionados de mañana”.

Actualmente, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (SP), el 22% de los pensionados en el sistema previsional chileno recibe una pensión total que se sitúa por debajo de la línea de la pobreza, definida en $230.178. Esta situación afecta de manera desigual a hombres y mujeres: mientras que el 27% de las pensionadas se encuentra en esta condición, el porcentaje disminuye al 16% en el caso de los pensionados.

Con la implementación de la reforma previsional, que contempla un incremento en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 y amplía su cobertura al 100% de la población de 65 años o más, así como la introducción de nuevos beneficios contributivos del seguro social, se estima que el porcentaje de pensionados bajo la línea de la pobreza se reducirá a 0% para ambos géneros, lo que representa una mejora sustancial en la calidad de vida de los jubilados y una reducción notable en la desigualdad de género en el sistema de pensiones.